Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El Proyecto de Ley propone la conformación de un marco normativo e institucional integral para la protección de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

En su dimensión económica y regulatoria, la iniciativa deroga formalmente la Ley 26.659 para ampliar el espectro de prohibiciones y sanciones administrativas y penales a toda actividad de exploración o explotación no autorizada de recursos naturales, renovables y no renovables, abarcando la pesca y la minería. Fija un esquema de multas tasadas en barriles de petróleo que pueden alcanzar los 45 millones de dólares e introduce un régimen de desistimiento y regularización destinado a incentivar el cese de operaciones ilegítimas en las islas a cambio de habilitar la posterior actividad en el continente.

En su dimensión político-defensiva, la norma crea el Consejo de Seguridad Nacional como un órgano colegiado en la órbita del Poder Ejecutivo para la conducción interagencial de la política exterior, económica, de inteligencia y de defensa. En este sentido, en el dictamen de mayoría discutido en el plenario del día 27 de octubre se suma la obligación de informar sus disposiciones a una Comisión Bicameral del Congreso de la Nación.

Asimismo, modifica la Ley de Defensa Nacional (Ley 23.554) sustituyendo el criterio tradicional de agresión externa por el de riesgos, amenazas y desafíos de origen estatal o no estatal, cinéticos y no cinéticos, habilitando la custodia militar de infraestructuras críticas e incorporando tipificaciones penales severas vinculadas a la desinformación masiva y la gestión del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo.

Tras el debate en comisiones, otra de las modificaciones al texto original fue acotar las facultades punitivas del Ejecutivo con el objetivo del oficialismo de resguardar las garantías constitucionales, según las declaraciones de intenciones de sus diputados. Es así como se reemplazó la figura penal sobre desinformación masiva por una tipificación circunscrita a campañas de injerencia extranjera financiadas por estados u organizaciones hostiles, excluyendo expresamente la actividad periodística, la investigación académica y el ejercicio diplomático legítimo. A su vez, se introdujeron cláusulas de resguardo explícitas para garantizar que las atribuciones del Estado en ciberdefensa no puedan ser utilizadas para el monitoreo, la censura o el bloqueo de contenidos en internet y redes sociales de uso civil.

• En el plano fáctico y regulatorio, la iniciativa se inserta en un contexto de persistente controversia económica en el Atlántico Sur, signado por el avance del proyecto petrolero Sea Lion impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca norte de Malvinas en contravención con la Resolución 31/49 de la ONU y la vigente Ley 26.659. Ante esta situación, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 868/2026 designando a la Cancillería como autoridad de aplicación e impulsó acciones judiciales federales que derivaron en denuncias penales contra más de 60 personas humanas y jurídicas y una medida cautelar ambiental dictada por el Juzgado Federal de Río Grande para frenar la extracción.

• Paralelamente, en materia logística y estratégica, el Gobierno dispuso mediante el Decreto 867/2026 la reasignación presupuestaria para reactivar las obras de la Base Naval Integrada en Ushuaia y la Base Petrel, proyectos concebidos en la Directiva de Política de Defensa Nacional (Decreto 457/2021) que registraban un avance de apenas el 9,13% (Informe de Gestión N.º 139, 2024).   

• En el plano normativo e institucional, el proyecto resalta por actualizar el marco sancionatorio y reorganizar de forma integral la arquitectura de la renombrada "seguridad exterior" del Estado. La norma institucionaliza la creación del Consejo de Seguridad Nacional para articular la acción estatal, formalizando en un cuerpo legal de jerarquía legislativa la doctrina? introducida por el Decreto 1112/2024 que redefinió el concepto de agresión externa al incorporar a actores no estatales con capacidad transnacional, el ciberespacio y la protección de objetivos estratégicos, ampliando en consecuencia el margen de acción de las Fuerzas Armadas. De este modo, la iniciativa utiliza la causa soberana de Malvinas como un medio para un fin, siendo este la reestructuración profunda en la articulación institucional de la política defensiva del país para adaptarla a las crecientes disputas geopolíticas globales.

• Por otro lado, durante las jornadas de debate en comisión conjunta, un hecho central señalado por los bloques legislativos versó sobre la conveniencia del agrupamiento de materias en una sola norma, destacándose la postura de sectores opositores que reclaman desglosar el proyecto para aprobar por unanimidad el régimen de sanciones sobre Malvinas de forma independiente de la reestructuración del aparato de seguridad. Por otro lado, fue destacado el señalamiento sobre la ausencia en el Título I de menciones normativas expresas al Reino Unido, al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas o a la Resolución 2065 de la ONU.

En la vida cotidiana de la ciudadanía argentina, el proyecto de ley no produce un impacto directo ni visible, ya que no altera las actividades domésticas ni las prestaciones de los servicios públicos habituales.

Sin embargo, la ley proyecta un impacto indirecto decisivo sobre la sociedad?, a través de la reconfiguración de las institucione­s? encargadas de velar por la integridad territorial, el patrimonio estratégico y la soberanía nacional, factores que determinan la capacidad del Estado para resguardar los recursos estratégicos del país frente a amenazas externas (en el marco de su ampliada concepción). La defensa nacional constituye la garantía de última instancia de la supervivencia política e independencia de una comunidad soberana, por lo cual las decisiones sobre la estructura militar y de seguridad terminan condicionando el posicionamiento geopolítico de la Nación. 

En el ámbito estrictamente institucional y de la burocracia estatal, la norma reordena arquitectura del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional?. En el sistema vigente, la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN, 2021) inicia una secuencia metódica que traduce la decisión política en planeamiento estratégico militar para definir el diseño, adiestramiento y equipamiento de las Fuerzas Armadas a corto, mediano y largo plazo. La introducción de una Política de Seguridad Nacional elaborada por el Consejo de Seguridad Nacional genera una indefinición jerárquica en el procedimiento estatal, al no quedar determinado si este nuevo marco actuará como una directiva de nivel superior sobre la DPDN o si terminará absorbiendo y reemplazando el planeamiento defensivo tradicional. Asimismo, la adopción de un modelo interagencial amplía las competencias del Ejecutivo para intervenir ante amenazas ciberespaciales e infraestructuras críticas, difuminando progresivamente las fronteras regulatorias e institucionales entre la defensa frente a agresiones externas y la seguridad interior.